Fiscalía pide prisión preventiva para representantes de socias de Odebrecht

El documento, entregado ayer al despacho del Equipo Especial de Investigación del caso "Lava Jato" -a cargo del fiscal Hamilton Castro- y al que tuvo acceso Correo, también expone la necesidad de recoger el testimonio del expresidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala.

El mismo magistrado dispuso similar medida, en ausencia, para el expresidente Toledo, cuya extradición pide la justicia peruana a Estados Unidos.

Reiteró su opinión respecto a la inconsistencia de argumentos de las denuncias constitucionales presentadas en su contra por Fuerza Popular y subrayó que quienes lo critican, en su opinión, lanzan imputaciones que no merece. Por lo que para él, el fiscal del caso hizo una interpretación descontextualizada.

"Al final, todos estos informes del Congreso, de la Contraloría, de la Fiscalía, coinciden en que el costo por kilómetro fue muy razonable, muy razonable".

En referencia al caso Lava Jato, solicitó respetar la autonomía de la Fiscalía y rechazó las críticas por supuestamente negociar con delincuentes.

De inmediato, el Poder Judicial, también en Twitter, anunció que programó la audiencia de prisión preventiva para este domingo 3 de diciembre, a las 09H30 local (14H30 GMT). La cita es a las 9:30 horas en la sede de la Sala Penal Nacional.

El Ministerio Público pidió hoy que cinco ejecutivos de tres empresas peruanas asociadas a la constructora brasileña Odebrecht sean encarcelados dentro de la investigación de sobornos pagados por un contrato con el Estado.

Las acciones de Graña y Montero, cuyas acciones ya han caído dramáticamente este año por el escándalo, bajaban en Lima un 2,5 por ciento el viernes.

Mañana, el juez peruano Richard Concepción Carhuancho evaluará la orden de detención preventiva pedida por la Fiscalía contra Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miro Quesada, representantes de las tres firmas socias de Odebrecht. Esto es lo que se conoce del caso.

Graña y Montero S.A.A. cedió US$6 millones, JJC Contratistas US$5 millones, mientras que Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. US$3 millones.

La ampliación incluye dos delitos: corrupción de funcionarios, bajo el tipo penal de colusión; y lavado de activos, dado que, según la Fiscalía, las partes mencionadas habrían aceptado el acuerdo para la asignación irregular de la obra Interoceánica.

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